Por estos
días circulan en Resistencia fuertes versiones sobre una posible
reincorporación de Miguel Conde
Olgado a Secheep, la empresa provincial distribuidora de energía, que
se sumaría además a una remoción completa de su directorio, cuestionado
por la gestión de ese y otros de los numerosos conflictos abiertos en la
materia.
La especie
fue divulgada por el periodista Tonino
Guinter, que la semana pasada condujo el programa de cable “El
Péndulo” desde la carpa que Conde Olgado montó frente a la empresa al
cumplirse el primer aniversario de su despido injustificado, hace 12
años. En el programa participaron familiares y amigos del trabajador
despedido, que le hacen el “aguante” desde hace años.
Según explicó
el periodista, la propuesta de reincorporación ofrecería importantes
mejoras respecto de otras anteriores, pero no conformaría a Conde Olgado
porque, entre otros puntos, ofrecería una indemnización por salarios
caídos de 700 mil pesos y el traslado a la ciudad de Roque Sáenz Peña.
Sin embargo,
consultado por NOVA, el propio
Miguel Conde Olgado aseguró no tener más información que la que brindó
Tonino Guinter. El trabajador, despedido hace 13 años, mencionó que entre
una serie de cambios dispuestos por el gobernador Jorge Capitanich habría una recomendación de “dar solución sí
o sí” al tema. “Me consultaron, pero yo desconocía totalmente la versión,
al igual que los empleados de Secheep”, aclaró.
Por la
cantidad de años de reclamo, Conde Olgado tiene el record Guinness. Su
causa está simbolizada por una carpa que a lo largo de más una década se
convirtió en receptora de diversas protestas por despidos motivados por
persecución laboral.
Pese a que su
reincorporación había sido una de sus propuestas de campaña en el año
2007, Capitanich lo recibió una sola vez y el resultado fue desalentador.
De hecho, su gestión es acusada de “querer patear la pelota para
adelante”.
“Este
gobierno ya lleva 5 años -sostuvo Conde Olgado en diálogo con este
medio-, y el gobernador había asumido en campaña el reconocimiento de mi
derecho. Yo esperaba ser reincorporado el primer día de su mandato”.
El ex
trabajador de Secheep recordó que presentó notas y pedidos
“permanentemente”, y enfatizó que “nunca” fue atendido por voluntad de
Capitanich. La única vez, aclaró, fue cuando la CTA le tocó el tema en
una reunión por otros asuntos y logró sentarlo a la mesa.
Las
acusaciones contra la Justicia chaqueña son por tener “paralizada”,
incluso en contra de las constituciones nacional y provincial, la
"acción autónoma de nulidad" presentada por la defensa de Conde
Olgado, a través de la que se terminarían, sostienen, “todos los
chicaneos”, sin otra alternativa que reintegrar al trabajador con el
abono de todos los salarios caídos y las indemnizaciones correspondientes
por “pérdidas de chances y daños morales a él y a su familia”. De acuerdo
a las estimaciones, eso equivaldría a una cifra de alrededor 10 millones
de pesos.
En el
numeroso equipo de Conde Olgado cuestionan que en el gobierno de
Capitanich haya dos funcionarios que participaron de su despido
“irregular” en 1999. Se trata de Omar
Judis, actual ministro de Infraestructura y presidente de Secheep, y Carlos Camargo, asesor en la
materia. De hecho, Camargo era uno de los directores cuando Conde Olgado
quedó en la calle.
El trabajador
despedido apunta también al asesor general de la Gobernación, Manuel Garrido, por “entorpecer”
las negociaciones desde diciembre pasado hasta el día de hoy. También
tiene cuestionamientos para Enrique
Paredes, subsecretario de Trabajo provincial, quien en una reunión le
dijo: “Cada vez que escucho hablar de Conde Olgado me dan ganas de ir a
la carpa y pegarte unos tiros”.
Pero Conde
Olgado responsabiliza a Capitanich por el “maltrato” ejercido por todos
sus gestores y emisarios, de quienes no sabe “si buscaban desgastarme o
qué”.
El ex
empleado de Secheep remarcó también que, recientemente, el defensor del
Pueblo chaqueño, Gustavo Corregido,
notificó a Capitanich de la necesidad de reincorporarlo con el
cumplimiento de todos sus derechos laborales.
Larga data
El reclamo de
Conde Olgado lleva ya 13 años. En el primer aniversario de su protesta
instaló una carpa frente al edificio de la empresa, donde se desempeñaba
como supervisor del grupo de trabajadores conocido como “toma estado”. El
caso se encuadró para la Justicia laboral como “afectación de Derechos
Humanos”, y en el proceso judicial quedó demostrado que hubo tanto
“persecución” como “discriminación y arbitrariedad”.
En un
principio reunió 300 firmas. Hoy esa recolección asciende a más de 1700
rúbricas. Durante la primera década del nuevo milenio, el trabajador
llevó su caso ante organismos como el Inadi, la Organización
Internacional del Trabajo (OIT), la ONU y la Comisión de Derechos Humanos
de la Legislatura.
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