domingo, 5 de abril de 2015

Intervención de Secheep: Conde Olgado tenía razón


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Intervención de Secheep: Conde Olgado tenía razón


Una de las decisiones adoptadas por el gobernador Jorge Capitanich, tras el regreso de su licencia, fue la de intervenir la empresa provincial de energía, Servicios Energéticos del Chaco, Empresa del Estado Provincial (Secheep). Una intervención es una decisión extrema. Es cortar por lo sano algo que anda muy mal y que no se puede remediar con cambios superficiales. Si Capitanich tomó esta medida en su octavo año de gestión y a sólo nueve meses de entregar el poder, debe tener sus graves motivos y es una manera de reconocer que ese ha sido un sector deficitario en su gobierno.

 

9 de Marzo, 2015

 

Las primeras declaraciones hechas por el nombrado interventor, el exdiputado provincial, el contador Daniel San Cristóbal, integrante del partido Frente Grande y miembro del Frente Chaco Merece Más, corroboran este propósito y demuestran que el funcionamiento de la vital empresa es una mancha negra en una gestión que se considera exitosa como se puso en evidencia en el discurso del 1 de marzo, donde se afirmó que se cumplieron todas las metas. Esta, evidentemente no está en ese “todas”.

Crudo cuadro de situación
San Cristóbal reveló que viene hablando del tema con el gobernador desde hace un mes y que, a medida que vaya tomando conciencia del estado de las cosas, integrará su equipo con gente de adentro de la empresa y con colaboradores que sumará desde afuera. Algunas de las expresiones que dijo en una nota a este diario, publicadas el pasado jueves, habló de un organismo que “se convirtió en el blanco de todas las críticas de la sociedad por la mala calidad del servicio prestado”, algo que se intentará revertir en los nueve meses de gestión que se le plantean hasta diciembre.
Habló de “la necesidad de hacer cambios de manera urgente”, de “hacer reformas profundas”, de que “la empresa no está hoy cumpliendo con su objetivo”. Se planteó la necesidad de que Secheep “tenga un enfoque de atención a los usuarios, de conducción de la problemática que se presenta y de buen trato”. San Cristóbal ya dijo que la idea es “establecer mecanismos de participación de vecinos para que lleguen las críticas y dificultades y tengan una respuesta en un tiempo razonable”. “Necesitamos reapropiarla por el pueblo, prestigiarla y dotarla del material necesario que sirva a los usuarios”. Se adelantó que se hará una “auditoría de corte”, lo que en buen romance es una investigación del uso de los fondos de la empresa, que cobra una de las tarifas más fuertes del país y que revisará todo lo que hoy es criticado por la gente.
Todo esto es reafirmado por declaraciones del diputado nacional Hugo Maldonado, no desmentidas, en el sentido de que Secheep “debe en este momento unos 1.200 millones de pesos, a Camesa, en aportes patronales, a los propios empleados, a proveedores y se encuentra en una situación de quebranto. No cuenta, además, con un stock en sus almacenes para responder frente a desperfectos en forma rápida”

Refundar Secheep
En una palabra, entre lo dicho por el gobernador y el interventor, se entiende que hay que refundar Secheep, que está haciendo todo mal para afuera, con los usuarios, y para adentro, con pésimo servicio, con derroche de fondos, con exceso de personal no idóneo y con muchos privilegios para la extensa nómina de funcionarios ejecutivos.
Es de hecho un sincero reconocimiento a que este sector de los servicios públicos no fue bueno en estos ocho años de gestión, en los que este servicio público que el pueblo chaqueño votó en 1994 para que permanezca en manos de Estado, no se prestó como debía y que formó parte de aquellos que tergiversan el sentido de un servicio público. Es cierto que las empresas estatales deben funcionar con eficiencia, con conducciones idóneas y cuidando los fondos para no cargar con sus pérdidas el erario público. Pero lo es también que es la prestadora de un servicio, lo que implica inversiones constantes y que, además, es un sofisma pretender que con la recaudación, además de cubrir los gastos operativos, debe solventar el plan de inversiones, el que debe ser financiado de otra manera y potenciado en el caso de tener superávit.
Para ser justos hay que decir que toda esta situación que hoy mereció la intervención no se inicia en diciembre del 2007, sino mucho antes, por lo menos desde el 2000, pero que ninguna manera fue revertida con el paso de los años y con el incremento del consumo, sobre todo en el ámbito industrial con las radicaciones que demandan energía.

Conde Olgado tenía razón


Y para ser sinceros hay que recordar que esta situación límite, que mereció el descabezamiento de Secheep, en casi todos sus aspectos fue denunciada paulatinamente desde el 12 de julio de 2000 cuando el empleado de Secheep, Miguel Benito Conde Olgado, instaló una carpa frente a la empresa reclamando la restitución a su puesto de trabajo del que había sido despedido el 14 de abril de 1999, cuando desempeñaba el cargo de supervisor de toma estado y además era delegado gremial. El denunciante hizo presentaciones y denuncias ante organismos internacionales, la OIT y la ONU; también a nivel nacional en la Secretaría de derechos Humanos, INADI (Instituto Anti Discriminación) y a nivel provincial a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados. Fue apoyado en múltiples oportunidades por la Asociación Civil en Defensa del Derecho de la Ciudadanía y múltiples organizaciones populares a lo largo de catorce años ininterrumpidos. Bastaría con hacer una lectura rápida de una serie de documentos publicados en los medios de comunicación, sobre todo escritos, para determinar que de alguna manera u otra, el gobierno del Chaco admite hoy, que Conde Olgado tuvo razón en sus denuncias y no fue simplemente el arrebato de un empleado despechado, despedido sin justa causa.
Aquí lo importante es hacerse eco de un clamor popular motivado por hechos que saltan a la vista y que fueron adelantados tanto por la gente, como por quienes lo veían desde adentro. Menuda tarea le toca ahora al contador San Cristóbal que, de cumplirse, no hará más que reivindicar las denuncias de Conde Olgado. Reconocer los errores, aunque a veces con mucha demora, merece un voto de confianza, al menos por los próximos meses.

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