miércoles, 8 de julio de 2015

La legendaria Carpa Secheep cumple 15 años





La legendaria Carpa Secheep cumple 15 años
       Conde Olgado: ¿La luz al final del túnel?


     Por Vidal Mario


 ¿Qué significa democracia para quien quiere trabajar y no le dejan?


Es la pregunta que desde hace 15 años se hace Miguel Benito Conde Olgado, quien el 12 de julio de 2000 levantó una carpa, a esta altura ya legendaria, en protesta por su despido de Secheep. Ahí está desde entonces, esperando volver a trabajar.


Sin embargo, como fruto de su inagotable paciencia y perseverancia, éste hombre ya estaría a punto de ver la luz al final del túnel.


Ello sería así en tanto y en cuanto el gobernador Capitanich (quien en su campaña del 2007 le prometió que lo haría volver a su puesto) tendría en sus manos un proyecto de decreto al respecto.


Los considerandos de dicho borrador consignan, puntualmente: “Desde el inicio de la actual gestión de gobierno existió y persiste la firme voluntad política de arribar a un consenso que otorgue finiquito al prolongado conflicto existente entre el trabajador Miguel Benito Conde Olgado y el Estado provincial, el cual llevó al primero a instalar y mantener una carpa en la vereda del edificio metropolitano de Secheep, de público y notorio conocimiento”.


Vale la pena reproducir, también, los tres primeros artículos del potencial decreto de Capitanich, destinado a devolverle a éste hijo de agricultores de Margarita Belén la dignidad del trabajo:


“Artículo 1°).- Exhórtese al Directorio de Servicios Energéticos del Chaco Empresa del Estado Provincial para que, en ejercicio de las facultades y atribuciones otorgadas por la normativa legal y estatutaria vigente, disponga la reintegración y consecuente nombramiento del señor Miguel Benito Conde Olgado, DNI N° 12.343.551, como agente de planta permanente de la Empresa.


Artículo 2°).- Instrúyase al Directorio de Servicios Energéticos del Chaco Empresa del Estado Provincial para que el reingreso del señor Miguel Benito Conde Olgado se formalice en un cargo de la Categoría 12 de la estructura orgánica interna, debiendo arbitrar cuanta medida administrativa u organizacional resulta necesaria y conducente para habilitar la vacante y reubicar al agente en un ordenamiento escalafonario igual al que ocupaba antes del cese o la equiparación que corresponda en funciones acordes al momento de su egreso.


Artículo 3°).- Reconócese a favor del señor Miguel Benito Conde Olgado los servicios no cumplidos ni sujetos a licencia por el período comprendido entre la fecha de baja y la efectiva reincorporación, a todos los efectos previstos en el Artículo 23° de la Convención Colectiva de Trabajo N° 36/75, por aplicación analógica de las disposiciones contenidas en el decreto provincial N° 1482/78 de Régimen de Certificación y Cómputo de Antigüedad para el Personal de la Administración Pública Provincial”.


 


“Un perfil reclamante”


 


Conde Olgado jura y perjura que fue expulsado de la empresa sin prueba, sin  razón y sin motivo, sólo porque como delegado gremial sostenía un perfil reclamante ante los casos de desabastecimiento, inmoralidad y corrupción que imperaron en Secheep en un determinado momento de su historia.


Cuenta a todos los que pasan por su carpa que su pecado fue participar activamente en la lucha abierta para abortar el recordado proyecto de privatización de la empresa lanzado por el gobierno de Ángel Rozas. Logrado el objetivo de que la misma quede en el seno del Estado provincial, se produjo otro cortocircuito: ahora pretendían tercerizar los servicios. Como empleado y delegado gremial, dice, no podía hacerse el distraído ante éste nuevo frente de tormenta, y otra vez actuó como correspondía.


Así, de a poco, se iba granjeando fuertes enemigos en las altas cumbres de la empresa. En 1990 comenzaron a aparecer las primeras amenazas de despido.


El hombre del que hablamos era supervisor de Toma de Estado y a la vez encargado del área Medición de Consumo de Grandes Potencias. Ésta última función acrecentó aún más sus problemas. En los operativos de relevamiento de medidores detectó la existencia de “grandes potencias”, según una expresión popular, “colgadas”. Incorporó al sistema a tales poderosos, intocables, consumidores, con lo cual recuperó millones de kilowats de consumo.


Debería haber sido felicitado cuando esos no incorporados al consumo empezaron a pagar sus facturas. Pero recibió observaciones del tipo “¿por qué le facturaste a tal Oficial de Justicia, a tal empresa, a tal funcionario, a tal empresa estatal?”.


Su respuesta, cargada de lógica, fue: “Porque no tenían activo el medidor, porque no estaban registrados en el consumo, porque lo que no pagaban se trasladaba al cuadro tarifario para que lo paguen los demás, y porque es justo que abonen por la luz como cualquier vecino, sin privilegios ni impunidades”.


Continuaba creciendo la antipatía y la animosidad de sus superiores hacia su ya inaceptable figura. Empezó a padecer el rigor de la discriminación y de la persecución. Éstas eran alimentadas por el hombre fuerte de la empresa, Carlos E. Camargo, funcionario a quien sindica como “gestor de decisiones administrativas y económicas que subordinaban a la empresa al prebendarismo político y nepótico”.


La gota que finalmente desbordó el vaso cayó en el área comercial, a cargo del contador Roberto Farías. Allí se generaron “conflictos y hechos confusos ocasionados por el desorden administrativo estructural que presentaba la empresa”. Conde Olgado, porque era lo que le correspondía hacer como delegado gremial, presentó escritos reclamando medidas correctivas. Por éste camino logró que el ingeniero Camargo instruyera un sumario.


Increíblemente, dicho “sumario” concluyó de la manera más impensada para el luchador gremial: dictaminó que el culpable de todo cuanto ocurría era él. Despedido el 14 de abril de 1999, se quedó sólo, como un boxeador en medio del ring. Hasta el Sindicato Luz y Fuerza Mercedes lo dejó librado a su suerte.


Muchos fueron los esfuerzos extrajudiciales realizados por el damnificado, incluso con intervención del Ministerio de Trabajo de la Nación, para que se retrotrajera a fojas cero su inconstitucional y antijurídico despido. No hubo caso. Cuando ya se le vencían los plazos legales para presentar sus reclamos en sede judicial, en diciembre del 2000 decidió acudir a la Justicia.


Siete meses después, el 12 de julio de 2000, instaló su carpa en la vereda de la empresa Secheep. Esta carpa, ya registrada en el Récord Guinnes, a quince años de distancia sigue formando parte del paisaje urbano de la zona céntrica de Resistencia.


 


La carpa “subversiva”


 


Desde esa carpa el despedido continuó defendiendo los recursos humanos y patrimoniales de la empresa. Todavía en la “era Camargo”, fue el rostro visible de una acción que evitó el despido de al menos 82 empleados. Su improvisado hogar, ubicado a pocos metros del Directorio, funcionaba también como un órgano de control externo dedicado a poner freno a las arbitrariedades.


Como toda acción produce una reacción, del otro lado reaccionaron con amenazas y denuncias. Manos anónimas incendiaron su carpa que, a la vez, era y es su hogar.


Lo denunciaron ante la justicia federal por “subversivo”, lo acusaron de provocar la caída de varias torres en Puerto Bastiani, y que había explosivos en su carpa. Fue atacado físicamente por un ingeniero de la empresa llamado Carlos Busemi, donde el que terminó preso fue él. Conde Olgado estuvo tres días internado en el Sanatorio Frangioli por la conmoción cerebral resultante de dicho ataque. Durante mucho tiempo debió convivir con la vigilancia permanente de dos cámaras orientadas hacia la carpa, instaladas en una de las paredes de Secheep, sobre calle Sáenz Peña.


Mientras tanto, en sede judicial, gremial y mediática el damnificado proclamaba que su objetivo no era otro que la restitución a su puesto de trabajo por haber sido despedido en base a pruebas y documentaciones falsificadas.


Una vez se le ofreció una indemnización, que rechazó. Lo acusaron entonces de intransigente, acusación que hasta hoy niega. Sostiene que habiendo sido despedido por medio de un sumario antijurídico, con violación de sus fueros gremiales, y habiendo sido discriminado, perseguido y tratado culposamente por la empresa lo que corresponde no es una indemnización sino una reinstalación en su puesto de trabajo y el pago de los salarios caídos.


Hoy, después de tantos años de lucha y a pocos días de celebrar el decimoquinto aniversario de la instalación de su carpa de protesta, se manifiesta convencido de que “los reclamos en paz tardan demasiado”. Ahora le parece que la carpa pacífica ha sido, después de todo, un error de estrategia. “Hubiera apelado a un medio no pacífico, no violento, pero tampoco pacífico, para recuperar lo que legítimamente es mío: mi trabajo”, concluye.


 


                              Voces a favor de la víctima


 


“Solicitar a la empresa Secheep que arbitre los medios necesarios para reincorporar a la planta de la empresa al ciudadano Miguel Conde Olgado, quien mantiene un conflicto judicial con la misma desde hace más de una década”. (Resolución de la Cámara de Diputados del Chaco).


“La situación personal y familiar que viene padeciendo el señor Conde Olgado en los últimos ocho años caería dentro de lo que ésta Subsecretaría considera como una clara y manifiesta violación sistemática de derechos humanos, por lo que consideramos que la reincorporación inmediata a su puesto de trabajo es el camino legítimo y garantizado para el goce pleno y efectivo de los derechos humanos que como persona merece el señor Miguel Benito Conde Olgado” (Dictámen de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia. Marzo de 2008).


“La empresa Secheep deberá retrotraer el estado de cosas al existente con anterioridad a los hechos que determinaron el presente conflicto con relación a los agentes Roberto Alfredo Salas y Miguel Benito Conde Olgado” (Dirección Provincial del Trabajo. 29 de marzo de 1999).


“De accederse y efectivizarse el acta-acuerdo preanunciado, con la debida conformación del señor Gobernador de la provincia, constituiría un hecho muy trascendente que a mi criterio reivindicaría al Estado provincial de un hecho lamentable como es el despido arbitrario de un trabajador del sector público, motorizado por autoridades de la empresa energética provincial. Al mismo tiempo, haría prevalecer y fortalecer todo el rico articulado de nuestra Carta Magna provincial, constituyendo un antecedente jurídico muy valioso del debido respeto a las garantías constitucionales expuestas en la Constitución Nacional, en defensa de la fuente laboral y de los derechos humanos de los chaqueños” (Contador Raúl John París, Fiscal del Tribunal de Cuentas de la provincia).


“Atento a haberse violado los fueros gremiales del trabajador Miguel Conde Olgado, corresponde su reintegro a su puesto de trabajo en la empresa Secheep” (Defensoría del Pueblo de la Provincia del Chaco).


“El Sindicato Organización de Trabajadores de Energía del Chaco (OTECH) se dirige a ese organismo internacional con el fin de realizar formal denuncia respecto de la situación de injusticia, discriminación, persecución y violación de derechos humanos, laborales y sindicales por la que atraviesa un trabajador argentino, con fueros gremiales al momento de su despido arbitrario, hace quince años” (Carta enviada a la Organización Internacional del Trabajo  el 10 de diciembre de 2014).


“Se establece que los funcionarios de Secheep persiguieron, menoscabaron, restringieron y obstruyeron la actividad sindical, violándose garantías constitucionales” (Cámara de Apelaciones del Trabajo de la provincia. 12 de mayo de 2004).


“Atento al estado de injusticia extrema por la que atraviesa el compañero trabajador de la energía Miguel Benito Conde Olgado, y como corolario la de su familia, al haber sido despedido el 15/4/99, antijurídicamente de su puesto de trabajo, en Servicios Energéticos del Chaco Empresa del Estado Provincial (SECHEEP), conforme lo avalan fallos firmes del Poder Judicial del Chaco, teniendo fueros sindicales y en violación de la estabilidad absoluta de que goza el empleado público, la Asociación Civil en Defensa del Derecho de la Ciudadanía, y organizaciones sociales y políticas y comunitarias se movilizan en defensa del trabajador ante la falta de solución del conflicto laboral que ya lleva dieciséis años, y manifiesta su preocupación ante la insensibilidad del Gobierno de la Provincia del Chaco en solucionar el mismo, lo cual no tiene razón de ser en un gobierno justicialista que siempre tuvo su opción preferencial por los trabajadores y cuya plataforma política se nutre de la Doctrina Social de la Iglesia” (Nota firmada por aproximadamente veinte organizaciones y elevada el pasado 8 de junio al arzobispo de Resistencia, monseñor Ramón Dus).


  


Estimado:
Aquí va lo solicitado. Sirva la presente de suficiente autorización
para el uso que desee darle a esta nota.
Saludos, y mucha suerte. Vidal.


entrevistasvm@hotmail.com


 


 


 



No hay comentarios:

Publicar un comentario en la entrada